Sanción por alquilar tres caravanas como alojamiento por Airbnb

La dirección general de Turismo del Govern balear ha abierto tres expedientes a los propietarios de tres caravanas por alquilar en Palma estos vehículos como alojamientos turístico a través del portal Airbnb. Se enfrentan a multas que van de 4.000 a 40.000 euros.

El departamento de sanciones de la conselleria de Turismo será el encargado de iniciar el expediente sancionador y presentar una propuesta de multa, que podría oscilar entre los 4.000 y los 40.000 euros.

Los inspectores de la conselleria de Turismo han comprobado que los vehículos se publicitaban en el referido portal como alojamiento y con dormitorios disponibles.

Es la primera vez que los inspectores de Turismo pueden actuar contra los propietarios de caravanas por esta actividad tras la entrada en vigor de la modificación de la Ley de Turismo, que prohíbe la oferta de caravanas o de cualquier espacio no recogido dentro del catálogo de figuras turísticas.

Además, esta ley señala como infracción grave la oferta de alojamientos turísticos que no estén definidos como tales por la normativa, o no hayan presentado la declaración correspondiente para ser comercializados o la hayan presentado sin cumplir con los requisitos previstos por la ley.

Así, desde la conselleria recordaron que esta normativa prohíbe expresamente la oferta de caravanas, o de cualquier espacio no recogido dentro del catálogo de figuras turísticas, como alojamiento vacacional.

El nuevo texto señala como infracción grave "la utilización por parte de alojamientos no definidos en la normativa turística, o bien que no hayan presentado la declaración responsable o la hayan presentado sin cumplir los requerimientos normativos, de los términos vacaciones, turística o similares, o bien que usen canales de oferta que empleen estos términos o de los cuales se desprenda una finalidad turística".

La Policía Local de Palma recibió varias denuncias por una alta ocupación de autocaravanas en una zona cercana a la costa de la ciudad.

La sanción podría oscilar entre los 4.000 y los 40.000 euros, aunque será el departamento de sanciones de la conselleria el encargado de instruir el expediente.

 

FUENTE: Diario de Mallorca.

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